Fiscalía denunció al alcalde del distrito de Santa María por el delito de colusión.

El Ministerio Público formalizó la denuncia presentada en contra de Alfredo García Rosales y Juan Carlos García Romero, alcalde de Santa María, como presuntos responsables de la agresión que sufriera meses a tras el periodista Jorge Zamudio Aguirre, donde intentaron acabar con su vida.

De acuerdo a las pesquisas y diligencias durante los meses, la fiscalía penal determinó que los delitos en el caso de García Rosales como presunto autor de delito contra la libertad personal en la modalidad de coacción; y del burgomaestre, bajo los mismos términos pero en calidad de presunto instigador.

De acuerdo al fiscal Fredy Díaz Malpartida, de la fiscalía penal corporativa, la decisión recae en base a los hechos denunciados por Zamudio Aguirre quien estando en compañía de su esposa e hija, fue víctima de una brutal golpiza por parte de cinco sujetos desconocidos que lo amenazaron y ejercieron violencia física. “Me interceptaron cuando estaba con mi familia, los desconocidos decían que no me metiera con el alcalde”, dijo el afectado y denunciante.

Zamudio, reveló ante su programa televisivo las olas de irregularidades al interior de la comuna campiñera, motivo por el cual fue puesto en la mira al parecer por orden del alcalde.

“Me repetían que no hable mal de la gestión municipal que ejerce el denunciado Juan Carlos García Romero, en su calidad de alcalde distrital de la municipalidad del distrito de Santa María”, detalla el documento.

El denunciante hace referencia a la existencia de unos audios donde el norteño responsabilizaría a la autoridad edil sobre el accionar intelectual de estos hechos que obra en la carpeta fiscal.

“Quiébralo a dicho periodista y a cambio te daré puestos de trabajo en la obra del ex AA.HH Alberto Fujimori” indica la denuncia pero ante el incumplimiento de esta promesa “se ve n la obligación de difundir estos audios” detalla.

El voluminoso documento que incluye la declaración testimonial de algunos periodistas que difundieron la información, del sub gerente de Desarrollo Urbano y Rural de Santa María, Fredy Paredes Tadey y la esposa del agraviado Yeny Espinoza Pando.

“Espero que el Poder Judicial cumpla su rol y prosiga porque los indicios están bastante claros” refiere Zamudio Aguirre.

Para este 8 de enero se ha dispuesto recabar la ampliación de las declaraciones tanto del denunciante como el presunto autor físico de los hechos cuya incurrencia injustificada ameritará el uso de la fuerza pública.

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