“El CAS resulta un gran negocio para el Estado”.

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Las discrepancias surgidas en torno a la eliminación del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y sus implicancias en la administración estatal siguen generando posiciones encontradas.

Mientras que el nuevo titular del Ministerio de Trabajo, José Villena, aseguró estar en contra de la eliminación CAS; el propulsor de la inconstitucionalidad de este régimen, Jesús Carrasco Mosquera, defiende su planteamiento y afirma que el CAS amenaza también a miles de trabajadores del sector privado, porque las empresas privadas podrían incluir en un régimen similar a sus trabajadores, y eliminar las planillas y beneficios sociales.

En entrevista con LA PRIMERA el letrado explica las causas por las que este régimen especial debe necesariamente ser derogado, o que se impongan las condiciones necesarias para que pueda mantenerse vigente sin violar los derechos de los trabajadores.

“El CAS nace en el gobierno de Alan García, en el 2008, y si bien el espíritu de la norma fue la de mejorar el problema de los antiguos trabajadores que estaban bajo el Servicio No Personal (SNP), este CAS se prolongó más de la cuenta”, explica Carrasco.

Y es que el CAS “se convirtió en el negocio perfecto para el Estado, que contrata a profesionales de primer nivel y se ahorra de pagarles gratificaciones, CTS, asignaciones especiales y 15 días de vacaciones”. Ante esta situación de desigualdad, junto al gremio del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social, Carrasco Mosquera presentó la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en enero del año pasado. En agosto de ese mismo año el TC emitió una sentencia que dispuso que el CAS sea un régimen especial de inobjetable carácter, entre otras adecuaciones, que no han cumplido.

SUICIDIO LABORAL
Una de estas adecuaciones era el permitir el derecho de Sindicalización y de Huelga para todos los servidores del régimen del CAS y fue recién en julio de este año cuando García Pérez, emitió el Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM, norma por la cual, en teoría, un servidor de este régimen podía afiliarse a un sindicato de trabajadores públicos ya existente o bien podía conformar un sindicato nuevo. Sin embargo, al no existir una disposición en la misma norma que proteja este derecho, ello viene ocasionando que los trabajadores sean despedidos bajo el argumento de la finalización de sus contratos.

“Vengo siguiendo el caso de cuatro trabajadores CAS de distintas entidades del Estado que fueron despedidos luego de sindicalizarse. Lo emitido por García no resuelve nada, sino que agrava la situación de los trabajadores porque al otorgar estos derechos está ausente una cláusula de seguridad que indica que ninguna entidad del Estado puede despedir a un trabajador CAS por el ejercicio de sus derechos”, advierte Carrasco.

Mencionó, además, que entre las instituciones que vienen despidiendo a sus trabajadores por sindicalizarse se encuentran la Reniec, el gobierno Regional de Lambayeque, la municipalidad de Los Olivos, entre otros.

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