En una actitud que deja mucho que desear, el entorno del presidente Javier Alvarado se niega a asistir a un hombre que fue arrollado por un vehículo del gobierno regional de Lima. La víctima, identificada como Alberto Meneses, es padre de dos criaturas y desde el 30 de enero pasado se encuentra postrado en una cama prácticamente sin poder moverse, ya que acusa dolores a la columna y otras partes de su cuerpo.

En la entrevista el agraviado refirió que “la camioneta Pick Up de placa de rodaje POC-370 (marca Nissan, modelo Frontier, año 2008) me embistió por alcance en circunstancias que conducía una mototaxi por inmediaciones de la avenida Cincuentenario y calle Florián Díaz. Me dirigía a comprar unas medicinas, cuando de pronto sentí un fuerte impacto por la parte posterior, entonces dí tres vueltas de campana y salí disparado hasta que quedé sujetado por unos alambres que sostenían un poste”.

Manifestó Meneses, así como su progenitora, la señora Olimpia, que “nosotros no hemos querido llegar hasta el extremo de denunciar el hecho ante los medios de comunicación, pero ellos mismos (gobierno regional de Lima) nos están obligando a hacerlo”. “Hoy por ejemplo, añadió la mamá, dialogué con el sub gerente de Administración, un tal Vargas, que de forma déspota me expresó que ‘el chofer que manejaba la camioneta ya fue despedido y por lo tanto, debía de irle a reclamar a él’, cuando es de suponer que al tratarse de una unidad móvil de una institución estatal, a esta también le alcanza responsabilidad”, sostuvo.

Arrecostado en su cama, sin siquiera poder moverse, ya que el fuerte dolor a su columna se lo impide, Alberto Meneses, nos narró que, “yo en ningún momento perdí la conciencia, más bien hasta ahora permanecen en mi mente los recuerdos de aquella camioneta azul petróleo que me embistió, así como mi pierna derecha que quedó colgando y el hueso todo salido”.

Por si fuera poco, el accidentado afronta otro problema todavía que es no saber a ciencia cierta quién iba al volante de dicho vehículo, ya que el parte policial que se levantó aquel día considera a José Ismael Díaz Díaz y Edwin Faustino Granados Mejía como “choferes”. “A mi lo único que me queda claro es que la Justicia Divina algún día se va a encargar de él o de ellos. No me cabe en mi cabeza que haya gente tan mala en nuestra sociedad y, peor aún, que hayan funcionarios y autoridades, en este caso del gobierno regional de Lima, verdaderamente inhumanos”.

Finalmente, los seres queridos de la víctima, acotaron estar sorprendidos que el médico que atendió a Alberto solo conclúyase en su informe que: “el paciente (solamente) presenta luxaciones”, muy a pesar que es evidente que su estado de salud es bastante delicado.

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Huachoenlinea

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