(1) Trabajadores esperan que termine el litigio. (2) Raúl Chumacero Gallo, el juez Roberto Vílchez Dávila y la funcionaria de Conasev Yvonka Hurtado Cruz, denunciados e investigados.

Uno de los principales problemas del Poder Judicial es la lentitud con la que suelen ser expedidas -y sobre todo ejecutadas- las sentencias de los juzgados y salas, salvo que actúen de por medio oscuros intereses que permiten que magistrados y funcionarios actúen con inusitada celeridad.

Esta excepción se ha presentado hace unas semanas en el caso de las acciones pendientes de compra pertenecientes a la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A., las que, según el abogado de la compañía, Carlos Herbozo, fueron adquiridas recientemente por el Grupo Wong en desmedro de los accionistas mayoritarios de dicha empresa azucarera y por una maniobra conjunta del juez del 10mo. Juzgado Constitucional de Lima, Roberto Vílchez Dávila, la representante bursátil de la mencionada empresa azucarera, Elizabeth Bernal Vento, y los miembros del Directorio de la Comision Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev),.

Antecedentes
Como ha reportado LA PRIMERA en informes anteriores, desde hace unos años existe un litigio alrededor de las acciones de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A., debido a las maniobras del Grupo Wong –dueño de la Empresa Río Pativilca S.A.- para adquirir de manera irregular la mayoría del capital social de esta empresa.

Tales maniobras, afirma Herbozo, han contado con la complicidad del ex presidente del Directorio de Industrial Andahuasi SAC, Eduardo Núñez Cámara, y del ex gerente general de la misma empresa, Carlos Rivas Urteaga, motivo por el cual existe en trámite ante el 6º Juzgado Penal de Lima, un proceso penal contra ambos por el delito de fraude en la administración de Persona Jurídica y contra la fe pública.

En cuanto a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) inició un procedimiento sancionador contra Río Pativilca S.A. por haber adquirido 49´966,739 de acciones representativas de Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. con infracción del Decreto Legislativo No. 755, que regula el mercado de valores en el Perú.

Ello concluyó en la aplicación de una multa y, sobre todo, en la orden dada a dicha empresa de vender las acciones adquiridas, permitiendo por excepción que ello se realizara a través de una Oferta Pública de Adquisición (OPA).

Al discrepar con lo resuelto por Conasev, Industrial Andahuasi S.A.C. –accionista mayoritaria de la empresa azucarera- interpuso una demanda de amparo contra Conasev y la empresa Río Pativilca S.A., ante el Décimo Juzgado Constitucional de Lima (Exp. Nº 46229-2009), solicitando cese la lesión de sus derechos constitucionales de propiedad, igualdad ante la ley y al debido procedimiento administrativo, y por tanto que se declare la nulidad de las Resoluciones del Tribunal Administrativo Nº 126 y 157-200—EF/94.01.3 de 23 de Julio de 2009 y la Resolución Conasev Nº 063-2009-EF/94.01.1 del 09 de setiembre de 2009, así como se deje sin efecto el Acuerdo de Directorio de Conasev que autoriza a Río Pativilca S.A. la realización de una Oferta Pública de Adquisición de acciones.

Medida cautelar
Inicialmente, apuntó Herbozo, esta acción de amparo fue declarada improcedente el 22 de marzo de 2010, decisión que fue confirmada por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Lima el 23 de setiembre de 2010.

Sin embargo, la medida cautelar presentada por Industrial Andahuasi S.A.C. para suspender la OPA de acciones fue concedida por Resolución Nº 1, del 16 de noviembre de 2009, dictada por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima.

Por este motivo, la Conasev suspendió la OPA y, adicionalmente, suspendió la negociación en bolsa de las acciones de Agraria Andahuasi, lo cual implicó que, por un lado, Río Pativilca S.A. no pudiese materializar la OPA; y, por otro lado, que ningún particular pudiese comprar ni vender dichas acciones.

Para el Guiness
El pasado 12 de octubre, el Décimo Juzgado Constitucional de Lima –a cargo del juez Roberto Vílchez Davila- sorpresivamente varió su posición inicial y declaró fundada la oposición deducida por la Conaseb sobre la medida cautelar mencionada, dejándola sin efecto.

Según Herbozo, es aquí donde se produce LA PRIMERA irregularidad alrededor de esta sentencia: al día siguiente por la mañana, el 13 de octubre, la Representante Bursátil de Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A. –empresa que no era parte del proceso constitucional de amparo- , Elizabeth Bernal Vento, comunicó a la Conasev, a través de su portal informático, la resolución judicial mencionada cuando aún no se habia notificado a las partes del proceso y contando con la sola firma del juez.

Además, el mismo día 13 de octubre por la tarde, la Conasev ingresó un escrito en la Mesa de Partes de los Juzgados Civiles de Lima, dándose por notificada de la resolución emitida por el Décimo Juzgado y esa misma tarde el Directorio de Conasev acordó acatar la resolución judicial, disponiendo de inmediato que la Dirección de Emisores proceda a levantar la suspensión de la OPA lanzada por Río Pativilca S.A., comunicando este hecho el mismo 13 de octubre a la Presidencia de la Bolsa de Valores de Lima, para su difusión.

Gracias a esta singular medida, Río Pativilca pudo adquirir finalmente las acciones de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi S.A.A., a un costo de S/. 1.57 nuevos soles por cada acción, explica el abogado.

Investigación
Todos los involucrados en la ejecución de esta sentencia actuaron con una velocidad y eficacia que, en otras circunstancias, hubiera podido ser presentada como ejemplar no sólo en el Perú, sino a nivel mundial, añade.

Que en menos de 48 horas un juez dé a conocer su sentencia a terceros que no forman parte del proceso, y que el Directorio en Pleno de un organismo del Estado se reúna para decir que va a acatar esta sentencia y tomar las correspondientes medidas para que ello tenga efecto, es algo digno de Ripley, señala.

La empresa accionista mayoritaria de Azucarera Andahuasi ha presentado una serie de medidas legales destinadas a que se investigue y sancione a los responsables y se llegue al fondo del asunto, a fin de conocer y denunciar a quienes han estado detrás de esta “movida” judicial y administrativa, expone Herbozo.

 

Fuente: La Primera

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Huachoenlinea

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